¿Qué Dice la Nueva Ley de Igualdad?

En un mundo que lucha constantemente por la equidad y la justicia social, las leyes de igualdad desempeñan un papel fundamental en la promoción de un trato justo y no discriminatorio para todas las personas, sin importar su género, raza, orientación sexual, discapacidad u otras características personales.

La reciente implementación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación ha marcado un hito importante en este camino hacia una sociedad más inclusiva y justa. En este artículo, exploraremos en detalle las disposiciones más importantes de esta ley, analizando cómo impacta en diversos aspectos de la vida cotidiana y sus implicaciones para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades.

Artículo 1. Objeto de la ley

El objetivo principal de esta ley es garantizar y fomentar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, respetando la dignidad de las personas de acuerdo con la Constitución. La ley establece derechos y obligaciones para todas las personas, tanto en el ámbito público como en el privado, con el propósito de prevenir, eliminar y corregir cualquier forma de discriminación, ya sea directa o indirecta

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Todas las personas tienen derecho a la igualdad de trato y a no ser discriminadas, independientemente de su nacionalidad, edad, residencia legal o cualquier otra condición personal o social. Se prohíbe la discriminación por motivos como el origen racial, género, religión, orientación sexual, discapacidad, salud, entre otros.

Sin embargo, se permite establecer diferencias de trato cuando sean razonables y objetivas y tengan un propósito legítimo o estén autorizadas por una ley. Las obligaciones de esta ley se aplican tanto al sector público como a personas privadas en territorio español. El sector público incluye el Estado, las comunidades autónomas, la Administración Local, la Administración de Justicia y otras entidades públicas.

Artículo 9. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por cuenta ajena

En el ámbito del empleo por cuenta ajena, ya sea en el sector público o privado, no se pueden imponer limitaciones, segregaciones o exclusiones basadas en las causas mencionadas en esta ley. Esto incluye el acceso al empleo, los criterios de selección, la formación para el empleo, la promoción profesional, la retribución, la jornada laboral y otras condiciones de trabajo, así como cuestiones relacionadas con la suspensión, el despido y otras razones para finalizar un contrato laboral.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe supervisar específicamente el respeto de estos derechos en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo y puede implementar planes específicos para promover la igualdad de trato y evitar la discriminación.

El empleador no puede hacer preguntas sobre la salud del candidato al empleo.

En empresas con más de 250 trabajadores, las regulaciones pueden requerir que los empleadores publiquen información salarial para analizar las diferencias salariales.

Artículo 12. Derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación e intolerancia en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico

El artículo 12 de la ley establece que las organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico deben respetar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por las causas mencionadas en la ley en diversos aspectos de su funcionamiento.

Además, los poderes públicos deben respaldar a organizaciones que promuevan la igualdad de trato y brindar asistencia a víctimas de discriminación e intolerancia. También se les anima a promover eventos y actividades que fomenten los derechos humanos, la igualdad y la tolerancia, y a adoptar códigos éticos que reflejen estos valores.

Artículo 13. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la educación

Las administraciones educativas deben tomar medidas para eliminar estereotipos y prevenir la discriminación en todos los aspectos de la educación, incluyendo la admisión y la permanencia en los centros educativos.

Se prohíbe la financiación pública de centros que discriminen a grupos o individuos por las causas mencionadas en la ley. Se prestará especial atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales y aquellos en situaciones desfavorables debido a diversas circunstancias.

El profesorado recibirá formación en igualdad de trato y no discriminación, y se promoverá la inclusión de enseñanzas relacionadas con la igualdad, la tolerancia y los derechos humanos en los planes de estudio. La Inspección Educativa velará por el cumplimiento de estos principios en el ámbito educativo.

Estas directrices no solo serán de obligado cumplimiento en el ámbito de la educación, ya que, como nos muestran en los artículos posteriores (del 14 al 21), también se aplicarán en la educación no formal, en la atención sanitaria, en servicios sociales, en seguridad ciudadana, administración de justicia, acceso a la vivienda y en establecimientos, espacios y espectáculos abiertos al público.

Artículo 25. Medidas de protección y reparación frente a la discriminación

Se deben aplicar métodos y medidas para detectar y prevenir la discriminación, así como tomar medidas adecuadas para poner fin a situaciones discriminatorias. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en responsabilidades administrativas, penales y civiles por los daños y perjuicios, incluyendo restitución e indemnización a las víctimas, hasta lograr una reparación plena y efectiva. En caso de incidentes discriminatorios, las autoridades responsables de hacer cumplir la ley tomarán medidas para garantizar que los hechos no se repitan, especialmente si el agente discriminatorio es una administración pública.

Artículo 31. Actuación administrativa contra la discriminación

Cuando una autoridad pública tenga conocimiento de un caso de discriminación, debe iniciar un procedimiento administrativo, si es competente, para investigar el caso y tomar medidas adecuadas para eliminar la discriminación. Si no es competente, debe comunicar los hechos a la Administración competente.

Además, sindicatos, asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de consumidores y usuarios, y asociaciones de derechos humanos pueden considerarse interesados en procedimientos administrativos relacionados con situaciones de discriminación bajo ciertas condiciones, siempre que cuenten con la autorización de las personas afectadas, excepto cuando se trate de una pluralidad indeterminada o de difícil determinación.

Artículo 34. Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

El artículo 34 establece la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como un instrumento de colaboración entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para impulsar políticas relacionadas con la igualdad de trato y la no discriminación. La preparación, seguimiento y evaluación de esta Estrategia corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad, garantizando la participación de organizaciones relevantes.

La Estrategia tendrá un ciclo cuatrienal y se evaluará al final de cada ciclo o cuando sea necesario. El Ministerio de Igualdad elaborará informes de evaluación, incluyendo datos estadísticos y una memoria económica detallada. La Estrategia debe priorizar principios de no discriminación, medidas para prevenir y corregir discriminación, atención a discriminaciones interseccionales o múltiples, y acciones para la información, sensibilización y formación en igualdad de trato y no discriminación.

El Ministerio de Igualdad coordinará los planes del Gobierno relacionados con esta Estrategia en colaboración con otros departamentos ministeriales.

Artículo 40. Creación y funciones

El artículo 40 crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en el ámbito de la Administración del Estado. Esta autoridad tiene como funciones principales: proporcionar servicios especializados de asistencia y orientación a personas que puedan haber experimentado discriminación

• • Actuar como órgano de mediación o conciliación en casos de violaciones de la igualdad de trato y no discriminación.
  • Iniciar investigaciones sobre situaciones de discriminación de especial gravedad o relevancia.
  • Ejercer acciones judiciales en defensa de los derechos relacionados con la igualdad de trato.
  • Solicitar la imposición de sanciones administrativas en casos de discriminación.
  • Informar sobre posibles infracciones penales al Ministerio Fiscal.
  • Promover la adopción de códigos de buenas prácticas en la lucha contra la discriminación.
  • Colaborar con el Defensor del Pueblo y otras instituciones.

Artículo 47. Infracciones

La clasificación de las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación en leves, graves y muy graves. Las infracciones leves se refieren a irregularidades formales que no generen un efecto discriminatorio ni estén motivadas por una razón discriminatoria. Las infracciones graves incluyen actos u omisiones que constituyan discriminación, represalias, incumplimiento de requerimientos administrativos o la comisión de una tercera o más infracción leve en un año.

Por otro lado, las infracciones muy graves abarcan discriminación múltiple, conductas de acoso discriminatorio, presión grave sobre autoridades, agentes o funcionarios públicos, o la comisión de una tercera o más infracción grave en dos años. Las sanciones correspondientes se establecen en la legislación y pueden variar según la gravedad de la infracción.

Artículo 48. Sanciones

Las sanciones para las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. Las multas pueden variar desde 300 a 500.000 euros, con una graduación según la gravedad de la infracción. Para las infracciones leves, las multas oscilan entre 300 y 10.000 euros. Para las infracciones graves, van desde 10.001 hasta 40.000 euros, y para las infracciones muy graves, se imponen multas que van desde 40.001 hasta 500.000 euros. La recaudación de las multas se destina a la promoción de la sensibilización en igualdad de trato, la no discriminación y la lucha contra la intolerancia.

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En Resumen

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